¿NO ES CASUALIDAD QUE JUSTO CUANDO LA JUSTICIA VA A POR “DOÑA TRINI”, LA EX-ALCALDESA DEL PSOE DE TORREJÓN, JUSTO EN ESE MOMENTO SE “RENUEVA” LA DIRECTIVA LOCAL?… ¡Cuanto tienen que ocultar estos ladrones!

El delito de prevarición persigue de nuevo al gabinete socialista que presidía “la Doña Trini” en Torrejón de Ardoz. No hace mucho, el nombre de Fernando del Río (del que aquí ya hemos hablado), volvía a saltar a la palestra debido a que la Audiencia Provincial falló a su favor por un delito por intromisión en el derecho al honor, y ahora de nuevo lo hace por la puerta grande al anunciar que “el juzgado llama a declarar como IMPUTADOS DE UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN A LA EX CALCALDESA Y ACTUAL SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA DE MADRID, TRINIDAD ROLLÁN y a los concejales del anterior gobierno socialista“.

Los hechos se remontan a 2001, momento en que se aprobó en pleno con los votos a favor de PSOE y PADE, la abstención del PP y la negativa de UC e IU, un convenio urbanístico (es decir, recalificaciones de terrenos saltándose a la torera el PGOU) suscrito entre el entonces Concejal de Urbanismo Francisco Martín Rojas y la ex-alcaldesa Trinidad Rollán, con la empresa Patrimonio Siglo XXI. Este convenio era ILEGAL, y de hecho el Secretario del Ayuntamiento así lo dejó por escrito, y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso Administrativo se ha encargado de ratificar.  Cuando Fernando del Rio vió  todo el chanchullo montado (según manifiesta él) puso el asunto en conocimiento del P$OE (que no hizo nada al respecto), y más tarde, el 10 de enero de 2007, puso en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal de Justicia de Madrid los antecedentes de este caso, por lo que finalmente desde la Fiscalía se remitió el caso al Juzgado nº4 de Torrejón. La causa actualmente sigue su curso, y por desgracia NO INTERESA QUE SEA TAN MEDIÁTICA COMO LA DEL “CACHULI”. Si finalmente son condenados todos los miembros del P$OE que eran concejales (junto con la ex-alcaldesa Doña Trini), se les inabilitaría de 7 a 10 años para cargo público. Sinceramente, ¡vaya mierda de condena!, es decir, que nuevamente nos encontramos con que la justicia española tiene dos raseros, y que unas personas que hayan engañado y malversado los bienes y el interés público (que es de todos) solamente tienen como sanción una inhabilitación para ejercer un cargo que ya no quieren ejercer por que ya han cogido el dinero y están Dios sabe donde… así nos va